Diego Marín Buitrago, identificado en Colombia como Papá Pitufo y señalado de encabezar el contrabando en el país, reclama ante el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá una indemnización de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La demanda contra la Nación vincula a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, y reposa en ese despacho desde hace varias semanas.
El abogado del empresario sustenta el cobro en “los perjuicios morales” y atribuye el daño a la “angustia, la zozobra, el dolor y el sufrimiento causados por las llamadas a conciliar por ocasión del error judicial en que incurrió la Rama Judicial, a través del comportamiento desplegado por el juez 48 penal municipal con función de control de garantías, al haber librado el día 11 de marzo de 2024 la orden de captura con fines de imputación y de medida de aseguramiento”.
Ese pronunciamiento, agrega el escrito, golpeó a la familia del demandante, que entonces vivía en territorio colombiano. El pago cobija a la cónyuge y a los dos hijos del hombre, quien hoy reside en Portugal.
La acción judicial suma una condena contra el Ministerio de Justicia por omitir el “cumplimiento” de lo ordenado por la ley “en relación con la verificación de la documentación aportada para adelantar el trámite legalmente impuesto a dicha autoridad frente al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Esa cartera habría cometido varias irregularidades mientras adelantaba diligencias ante el Reino de España para “lograr la captura con fines de extradición” hacia Colombia.
La Procuraduría General de la Nación citó una conciliación que no prosperó, y el estudio del expediente continúa con normalidad.
La Fiscalía llamó a juicio a Marín Buitrago por comandar durante años una red de contrabando que compró la complicidad de oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Los pagos buscaban que los uniformados “dejaran pasar sin ningún problema” la mercancía por Buenaventura y Cartagena.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) actúa como víctima reconocida en ese proceso. Las autoridades lo requieren en extradición por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
