La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que, según datos de Medicina Legal y actualizaciones del trabajo de la Defensoría en territorio, 73 niños, niñas y adolescentes habrían muerto como consecuencia de operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026. De estos casos, 31 ocurrieron durante 2025, con una especial prevalencia en Guaviare.
Marín Ortiz entregó estas cifras al referirse al reciente bombardeo realizado el 27 de agosto en el municipio de El Retorno, Guaviare, donde murieron diez personas. De acuerdo con la información de Medicina Legal citada por la Defensoría, nueve de los cuerpos ya habían sido identificados y tres correspondían a menores de edad entre los 15 y 16 años.
La defensora señaló que algunos casos de reclutamiento solo llegan a conocimiento de las autoridades después de que los menores mueren en enfrentamientos entre grupos armados ilegales o durante operaciones de la Fuerza Pública. Como ejemplo, mencionó que 11 menores murieron en confrontaciones entre las disidencias de Mordisco y Calarcá a finales de mayo en Guaviare.
Marín Ortiz también se refirió a los menores que han muerto durante bombardeos de la Fuerza Pública y utilizó el caso más reciente para reiterar que los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados mantienen su condición de víctimas.
La funcionaria sostuvo que el Estado puede realizar operaciones militares contra grupos armados ilegales, pero señaló que cuando existe una alta probabilidad de presencia de menores reclutados se deben extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas para proteger sus vidas.
La Defensoría plantea que la situación requiere, además de las acciones militares, fortalecer las medidas de prevención del reclutamiento para evitar que los menores sean incorporados a las estructuras armadas y posteriormente mueran en combates u operativos.
