La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó al Senado de la República enfocar la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en criterios de independencia, autonomía e imparcialidad judicial, alejándose de consideraciones político-partidistas.
El proceso, que se realizará esta semana, busca elegir el reemplazo del magistrado José Fernando Reyes. Marín Ortiz expresó preocupación porque el debate actual se centra en determinar si los candidatos son “pro gobierno” o “antigobierno”, lo que considera contrario a los principios fundamentales de la rama judicial.
“Una decisión judicial no es buena o mala por apoyar o negar una posición del Gobierno Nacional. Su legitimidad está en la argumentación jurídica”, declaró la funcionaria. Subrayó que algunos sectores exigen independencia del gobierno, pero simultáneamente demandan compromiso de oposición, lo cual también afecta la imparcialidad.
La Defensora criticó que voces políticas centren la discusión en el carácter ideológico de quienes integran actualmente la magistratura y de los candidatos en terna.
Recordó que los jueces deben declararse impedidos ante conflictos de interés y mantener distancia de los intereses específicos de quienes los eligen.
Respecto a la representación, Marín Ortiz promovió alcanzar la paridad de género en las altas cortes, basándose en fundamentos constitucionales y de derecho internacional.
Alertó que este año se redujo la participación femenina en estas instancias, a pesar de que se postularon mujeres con experiencia y perfil judicial idóneo.
Actualmente, la Corte Constitucional cuenta con cuatro mujeres de nueve miembros. Si se elige un hombre, la representación femenina retrocedería al 33%, acercándose al promedio general de participación de mujeres en altos cargos, inferior al 30%.
La funcionaria también señaló la baja representación de afrodescendientes e indígenas, especialmente mujeres, en las altas cortes del país.
Marín Ortiz confesó cierta “desesperanza” ante la posible prevalencia de la polarización política sobre criterios objetivos. Advirtió que las tachas serias a candidatos parecen carecer de relevancia en la decisión, igual que la trayectoria profesional sólida y el principio de paridad.
La Defensora concluyó que si la elección no garantiza independencia, autonomía, imparcialidad y paridad, “quien perderá será nuestra democracia”.
