A pesar de los reiterados llamados de la Defensoría del Pueblo y las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Superior de Cundinamarca, los habitantes de 11 municipios en cuatro departamentos que conforman la subregión de La Mojana se enfrentan una vez más a una situación crítica por cuenta de filtraciones que pueden causar una nueva rotura del dique ‘Caregato’.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su solicitud a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo de Adaptación para que implementen medidas urgentes y, sobre todo, provean una solución estructural y efectiva a la problemática que ha venido agravando las condiciones de vida de esta población vulnerable.
“El Gobierno Nacional debe pasar de meros anuncios de ayudas esporádicas a hechos concretos, con atención real, que redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades”, enfatizó Camargo Assis, al evidenciar el abandono en el que se encuentran las personas de la región.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento permanente a la vulneración de los derechos fundamentales de las aproximadamente 40.000 familias afectadas por la ruptura del dique en 2021, y a la insuficiente respuesta estatal, lo que llevó a la entidad a interponer una acción popular a mediados del 2023.
El Tribunal Superior de Cundinamarca, a través de esta acción, conminó hace dos meses a varios entes gubernamentales a realizar una mesa de trabajo, con la coordinación de la Defensoría, para revisar integralmente la situación de la subregión de La Mojana, un ecosistema único en el mundo.
El Defensor del Pueblo exhortó a los alcaldes de los 11 municipios afectados a actualizar sus planes de gestión del riesgo y activar las estrategias de respuesta a emergencias, priorizando el enfoque de derechos humanos en los planes de desarrollo.
