La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el que reconoce las facultades del presidente de la República para suspender órdenes de captura en el marco de procesos de paz, pero advierte cuatro riesgos concretos que el Gobierno Nacional debe atender antes de avanzar en los traslados y la concentración de grupos armados en esas zonas.
El organismo de derechos humanos precisó que las ZUT son una herramienta usada por todos los gobiernos desde 1998 y que la Constitución, en su artículo 189, otorga al presidente la dirección exclusiva de las negociaciones con grupos armados. Sin embargo, aclaró que esa facultad no es ilimitada: exige motivación suficiente, delimitación territorial, temporal y personal, además de mecanismos de control y verificación. La ley solo permite establecer ZUT cuando el proceso de paz está en un estado avanzado.
La Defensoría identificó cuatro alertas. La primera: los procesos avanzan sin garantías mínimas para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La segunda: las ZUT generan expectativas en los grupos armados en medio de un contexto electoral sensible, donde esos mismos grupos tienen capacidad de afectar la libertad de los votantes. La tercera: persisten riesgos de seguridad en territorios con confrontación activa, como Tibú en Norte de Santander, Mallama en Nariño y Tierralta en Córdoba. La cuarta: varias ZUT se ubican en territorios con presencia de comunidades étnicas donde no se ha completado la consulta previa.
El organismo señaló que los procesos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el autodenominado EMBF tienen niveles de avance desiguales y deben analizarse por separado.
La Defensoría instó al presidente a mitigar esos riesgos antes de continuar, pues “la construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil”.
