En una carta enviada por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al presidente electo, Abelardo de la Espriella, advirtió sobre los riesgos que podría representar el regreso al modelo del antiguo ESMAD para atender las protestas sociales.
El documento solicita que cualquier modificación a las reglas vigentes preserve las garantías constitucionales y los estándares de derechos humanos.
La comunicación menciona que integrantes del equipo del próximo Gobierno Nacional han anunciado la derogatoria del Decreto 003 de 2021 y el retorno al esquema del antiguo ESMAD para la contención de disturbios durante las manifestaciones.
Frente a ese escenario, la Defensoría recordó que esa norma fue expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó adoptar un protocolo para la actuación de la Fuerza Pública bajo criterios de neutralidad e imparcialidad.
Iris Marín Ortiz planteó que las reformas que se impulsen sobre la respuesta estatal a la protesta social deben ajustarse a las directrices fijadas por la justicia.
El documento sostiene que en los últimos años se han reducido los niveles de violencia atribuibles a la Fuerza Pública durante la atención de las protestas y recomienda preservar esos avances.
Además, ofrece al nuevo Gobierno la información del Observatorio de Conflictividad Social y la capacidad de mediación de la entidad para intervenir de manera temprana ante conflictos sociales y evitar que las manifestaciones escalen hacia escenarios de disturbios o violencia.
La advertencia hace parte de una serie de recomendaciones remitidas al presidente electo antes de la posesión del 7 de agosto, con el propósito de que las decisiones iniciales del Gobierno Nacional sean evaluadas desde una perspectiva de protección de los derechos humanos.
