El proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, dio un nuevo giro. Su defensa formalizó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de impugnación especial contra la condena de segunda instancia que emitió el Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en el marco del caso del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.
El recurso, firmado por el abogado Jaime Granados, llega en un documento de 801 páginas en el que la defensa argumenta que la sentencia es equivocada e injusta, y que la responsabilidad penal de Santiago Uribe no quedó demostrada conforme a lo que exige la ley.
Granados sostiene que el Tribunal incurrió en una valoración deficiente de los testimonios de Alexander Amaya Vargas, Juan Carlos Meneses Quintero, Eunicio Pineda Luján y Olguan Agudelo, testigos sobre los cuales, según la defensa, no era posible acreditar la responsabilidad penal de su cliente. Además, plantea que el Tribunal validó la credibilidad de esos testigos con una metodología equivocada e ignoró pruebas que cuestionaban su fiabilidad.
La defensa también arguye que el delito de concierto para delinquir agravado podría estar prescrito, al considerar que no constituye un crimen de lesa humanidad, clasificación que resulta determinante para definir los términos de prescripción en este tipo de procesos.
Los magistrados René Molina Cárdenas, Jhon Jairo Ortiz Álzate y Gustavo Adolfo Pinzón Jácome revocaron la absolución de primera instancia, le negaron la prisión domiciliaria a Santiago Uribe y le impusieron una multa de 6.500 salarios mínimos, 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas y 54 meses de privación del derecho a portar armas.
La Corte Suprema deberá ahora estudiar el recurso y determinar si la condena se mantiene, se modifica o se anula. Paralelamente, los magistrados del Tribunal ordenaron compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para que actúen según sus competencias frente a los hechos por los que fue condenado.
