El presidente de la República, Abelardo de La Espriella, desestimó el oficio del pasado 18 de septiembre, con el cual el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, alertó a la ciudadanía y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre una presunta afectación a la independencia de ese tribunal por cuenta de iniciativas legislativas y presupuestales que se tramitan en el Congreso.
“No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”, manifestó el mandatario, quien añadió que “hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”.
Sobre el pulso presupuestal, el jefe de Estado recordó que la JEP ha recibido del erario más de tres billones de pesos desde 2018. La asignación de 2025 llegó a 777.069 millones y este año la jurisdicción opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027 solicitó 947.642 millones, mientras el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones.
De la Espriella calificó ese recorte como responsabilidad fiscal y no como una represalia. “Los recursos públicos no son infinitos”, advirtió, antes de formular la pregunta que, según dijo, tiene el deber de plantear en nombre del país sobre el destino de los dineros ya entregados.
El presidente cuestionó que el volumen de resultados judiciales no corresponda al tamaño del aparato burocrático del tribunal, cuya nómina se estimó en 404.477 millones de pesos durante 2026. Señaló además que las primeras decisiones restaurativas llegaron tarde, en 2025.
La prioridad del Gobierno Nacional, anunció, será fortalecer la Rama Judicial ordinaria, donde permanecen represados millones de procesos y los despachos enfrentan congestión, infraestructura insuficiente y limitaciones tecnológicas.
“No tengo una política de venganza contra la JEP”, concluyó el mandatario, para quien reasignar recursos según prioridades públicas equivale a gobernar.
