La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó este jueves la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro el 22 de diciembre pasado.
La votación registró seis magistrados a favor de la ponencia del magistrado Carlos Camargo y dos en contra, lo que representa un revés para el Gobierno en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país.
La medida afecta no solamente el Decreto 1390 de 2025 que declaró el estado de excepción, sino también todos los decretos derivados de él, incluidos los que crearon nuevos impuestos para recaudar recursos fiscales.
Los recursos que ya se habían recaudado permanecen intactos, pero no se realizarán más recaudos bajo este decreto, según explicó el alto tribunal en su decisión.
El Ministerio de Hacienda había proyectado que con las medidas tomadas en el Estado de Emergencia Económica se esperaba un recaudo de 11,1 billones de pesos, destinados a equilibrar la situación fiscal y las finanzas públicas afectadas con el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
La presidenta de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, señaló que “el problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no ‘sobreviniente y excepcional’. Se originó en decisiones de gasto y deuda. Eso se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios”.
Además agregó que “perder una votación no habilita un estado de emergencia”, refiriéndose al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso que motivó el decreto presidencial.
El presidente Petro reaccionó días antes a la posibilidad de esta decisión y advirtió que “si aprueban la ponencia de Camargo viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos”.
El mandatario también afirmó que “el Gobierno fabrica una emergencia económica y luego la decreta. No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una perturbación grave”, según argumentaron quienes se opusieron a la medida.
Esta suspensión provisional se mantendrá mientras la Corte realiza el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, proceso en el que deberá determinar si el Ejecutivo cumplió los requisitos legales para activar este mecanismo excepcional.
