La Corte Constitucional adoptó este jueves una suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro. ¿Pero qué implica exactamente esta figura jurídica?
La suspensión provisional es una medida excepcional que procede únicamente respecto de disposiciones abierta o manifiestamente inconstitucionales que producen efecto irremediable o que eludan el control de constitucionalidad, según lo establecido por la jurisprudencia del alto tribunal.
Esta figura significa que el efecto será irremediable, esto es, que no será posible retrotraerlo o deshacerlo ni siquiera con la eventual declaratoria de inexequibilidad aun con efectos retroactivos, por lo cual se requiere una medida urgente para evitarlo.
En términos prácticos, la suspensión provisional congela temporalmente los efectos del Decreto presidencial. Esto implica que quedan sin aplicación todos los impuestos y medidas tributarias decretadas bajo este mecanismo extraordinario.
Con esta doctrina, se abren posibilidades de contrarrestar, de forma inmediata, impuestos abiertamente inconstitucionales, de los que se espera recaudar o evitar el recaudo de recursos temporales mientras dura la presunción de constitucionalidad, explican expertos constitucionales.
La suspensión permanecerá vigente hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, proceso que podría tardar varias semanas o incluso meses.
Esta medida cautelar busca prevenir que existan disposiciones de rango legal que vulneren derechos fundamentales o que supongan el desconocimiento de principios como el de la igualdad, protegiendo a los ciudadanos de cargas tributarias que podrían ser inconstitucionales.
La inclusión de la suspensión provisional de normativa legal ayudará a que la ciudadanía pueda por medio de la acción pública de inconstitucionalidad plantear la adecuación, necesidad y proporcionalidad de “suspender” normas hasta que se resuelva de fondo la constitucionalidad.
El magistrado ponente Carlos Camargo argumentó que mantener activo el decreto podría afectar de manera irreversible a los ciudadanos obligados a asumir los nuevos impuestos, razón por la cual se hacía necesaria una suspensión inmediata.
Los recursos ya recaudados bajo la emergencia económica permanecen intactos, pero no se podrán realizar más cobros hasta que la Corte emita su fallo definitivo sobre si el Gobierno cumplió o no con los requisitos constitucionales para decretar este estado de excepción.
