La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó este lunes 20 de abril la absolución de Enio José Peñate Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla, condenándolos a 23 años de prisión por el feminicidio de Nataly Melody Salas Ruíz, ocurrido el 3 de diciembre de 2016 en Montería.
La decisión, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, llega casi diez años después de que el cuerpo de la estudiante universitaria fuera hallado en una laguna de oxidación al norte de la capital cordobesa.
Peñate Herrera, de 48 años, y Sánchez Tordecilla, de 20 años al momento de su captura, fueron aprehendidos el 30 de marzo de 2017 en San Pelayo y Montería, respectivamente.
Posteriormente quedaron en libertad por vencimiento de términos en diciembre de 2018 y fueron absueltos en instancias previas, decisión que ahora queda sin efecto tras el fallo del alto tribunal.
El pronunciamiento de la Corte se sustentó principalmente en el testimonio de Francisco Javier Romero Pacheco, testigo presencial con discapacidad auditiva y del habla, quien identificó a los dos hombres como autores de la agresión física y sexual contra la joven de 19 años durante la madrugada del crimen.
El magistrado Chaverra Castro destacó el valor de la prueba testimonial rendida por personas con discapacidad auditiva, valorada bajo las reglas de la sana crítica.
La Sala reconoció que existían condiciones adversas al momento del reconocimiento, oscuridad en horas de la madrugada, cascos de motocicleta que cubrían parcialmente los rostros de los atacantes e imprecisiones sobre la hora exacta de los hechos.
Sin embargo, rechazó el argumento de la defensa y concluyó que no resultaba inverosímil que el testigo identificara los rasgos morfológicos de los agresores. El testimonio fue contrastado con las demás pruebas practicadas en juicio oral.
El caso que conmovió a Montería
Nataly Salas Ruíz, estudiante de primer semestre de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Córdoba y miembro de una iglesia evangélica, desapareció de su residencia en el barrio Villa Cielo. Cuatro días después, constructores que transitaban por el sector Ranchos del Inat hallaron su cuerpo con signos de tortura, violencia sexual y múltiples fracturas.
La familia Salas Ruíz esperó casi una década por una decisión judicial de fondo. El caso atravesó múltiples tropiezos procesales, incluido el retiro del fiscal inicial Héctor Castilla Plaza, señalado por no incorporar elementos materiales probatorios en la resolución de acusación. La madre de la víctima, Claribel Ruiz Vargas, declaró durante las audiencias virtuales del proceso.
