La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decide este jueves 14 de mayo de 2026 si abre investigación formal y llama a indagatoria a la senadora Martha Peralta Epieyú, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia, que avanza en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, representa un cambio cualitativo en el proceso.
Hasta ahora, la congresista figuraba en indagación preliminar, etapa exploratoria abierta el 1 de abril de 2025 tras una compulsa de copias de la Fiscalía General. Una indagatoria implicaría escucharla bajo la condición de investigada formal, antesala de una eventual imputación.
El expediente se sustenta en testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien afirmó ante la Fiscalía que Peralta intervino para direccionar una orden de proveeduría por 2.170 millones de pesos a la empresa Inversiones IRL S.A.S.
El contrato cubría 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores de recuperación en Riohacha, La Guajira. López sostuvo que la reunión donde se pactó el direccionamiento ocurrió el 19 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la entidad.
La fiscal María Cristina Patiño amplió los señalamientos durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. El ente acusador ubicó a la senadora como articuladora de un esquema de distribución de contratos orientado a asegurar votos para la reforma pensional, cuando presidía la Comisión Séptima del Senado.
El pasado 6 de mayo, Peralta rindió versión libre ante el magistrado Marco Antonio Rueda por contratos adicionales, entre ellos uno asociado al río Ariari, en Puerto Concordia, Meta.
La senadora niega los señalamientos y afirma ser víctima de persecución política por su papel en el trámite de las reformas sociales del Gobierno.
