La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por el presunto delito de discriminación y lo citó a indagatoria. Se trata de un nuevo proceso judicial en su contra, derivado de uno de los episodios más polémicos que ha protagonizado durante su ejercicio en el Congreso.
El caso está relacionado directamente con un video publicado por el propio congresista el 6 de noviembre de 2024. Ese día, en la Plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales habían instalado la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, una obra de memoria que exhibía botas de caucho decoradas en homenaje a los 6.402 jóvenes asesinados en el marco de los llamados falsos positivos.
En la grabación difundida por el mismo Polo Polo, el congresista aparece cuestionando la veracidad de los testimonios de las madres de las víctimas, para luego proceder a recoger las botas del homenaje y arrojarlas en bolsas de basura. La denuncia sostiene que se trató de una “agresiva intervención” contra un acto solemne de homenaje a las víctimas de uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente colombiana.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas señalaron que el comportamiento del congresista constituyó una afrenta grave a la memoria de quienes murieron y un intento deliberado de negar la existencia de los falsos positivos. “No solo representa una agresión a la memoria de las víctimas, sino también busca invisibilizar sus demandas de justicia”, expresaron las organizaciones en su denuncia formal.
La JEP ha documentado y revelado los nombres de 1.934 víctimas de falsos positivos, enfatizando que “no se trata solo de cifras, sino de vidas humanas arrebatadas”. Este reconocimiento oficial contrasta directamente con las acciones del congresista, quien cuestionó la veracidad de estos casos documentados.
Este no es el primer proceso judicial que enfrenta Polo Polo por hechos relacionados con este mismo incidente. Anteriormente, un juez ordenó al congresista pedir disculpas públicas por ofender a madres de víctimas de falsos positivos, orden que generó amplio debate sobre los límites del comportamiento de los representantes electos.
Con esta decisión de la Corte Suprema, el representante deberá responder judicialmente por un hecho que reavivó el debate nacional sobre múltiples aspectos sensibles: los límites de la libertad de expresión cuando se trata de negar crímenes de lesa humanidad, el respeto obligatorio a la memoria de las víctimas del conflicto armado y el comportamiento esperado de los congresistas en escenarios de representación democrática.
La citación a indagatoria representa un paso formal en el proceso penal, donde el investigado tiene oportunidad de presentar su versión de los hechos ante la Sala de Instrucción. El delito de discriminación, por el cual se investiga, contempla sanciones penales cuando se cometen actos que buscan anular o menoscabar el reconocimiento de derechos de personas o grupos específicos.
El caso plantea precedentes importantes sobre la responsabilidad penal de los congresistas por actos que, aunque realizados fuera del recinto legislativo, están relacionados con su condición de representantes y que afectan derechos fundamentales de grupos de víctimas reconocidos constitucionalmente.
La Corte Suprema, como tribunal competente para investigar y juzgar a miembros del Congreso por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, tendrá la última palabra sobre si las acciones de Polo Polo configuran el delito de discriminación o si están amparadas por la libertad de expresión.
