La Corte Constitucional puso reglas claras al Gobierno antes de que defina cuánto valdrá la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del próximo año. Mediante el Auto 1302 de 2026, firmado el 22 de septiembre en Bogotá, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 estableció los parámetros mínimos que deberán cumplirse al fijar la prima de 2027.
La decisión lleva la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, quien preside esa sala junto a los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.
Sobre el punto que más interesa a las EPS, la sala fue explícita: la UPC integral del régimen subsidiado no podrá quedar por debajo del 95% de la del contributivo en 2027. Cualquier diferencia superior al 5% tendrá que explicarse con datos verificables y actualizados.
El tribunal también le exigió a la cartera cuantificar el rezago acumulado de vigencias anteriores, aclarando que las pérdidas reportadas por las EPS no se traducen automáticamente en insuficiencia de la prima: el Ministerio deberá separar los costos del riesgo asegurado de los que provienen de mala gestión o problemas de flujo de caja.
Uno de los mensajes más fuertes va dirigido al Ministerio de Hacienda. La Corte advirtió que el techo presupuestal no puede definirse al margen del estudio técnico y que una restricción fiscal previa no basta para reconocer una prima menor a la necesaria. A esa cartera le reiteró la obligación de garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos.
Como plazo, la sala ordenó al Ministerio de Salud entregar a más tardar el 15 de enero de 2027 un informe consolidado con la metodología empleada, la calidad de los datos, la justificación de la suficiencia del valor y el proceso participativo adelantado.
Cabe precisar que en el documento el tribunal recordó que desde 2012 viene exigiéndole al Ministerio de Salud tres cosas que siguen pendientes: corregir las fallas en la información con la que se calcula la prima, demostrar con datos que el valor alcanza para pagar los servicios que cubre, y acercar los montos del régimen subsidiado a los del contributivo. Los autos 007 y 2049 de 2025 ya habían constatado ese incumplimiento, e incluso se abrió un incidente de desacato.
Para sustentar la urgencia, la corporación citó cifras de la Defensoría del Pueblo. Las tutelas en salud pasaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, un alza cercana al 18%, y representaron aproximadamente el 34% de todas las acciones presentadas en el país ese año. La tasa de concesión rondó el 74,3%.
El panorama de 2026 no mejoró. Entre enero y abril la Defensoría recibió cerca de 16.000 reclamaciones en salud, frente a 12.918 en el mismo lapso de 2025, con un incremento del 28%. Las quejas ante esa entidad escalaron de unas 26.000 en 2023 a 35.000 en 2024 y cerca de 51.000 en 2025. La Superintendencia Nacional de Salud, por su parte, registró 1.039.248 reclamaciones entre enero y junio de 2026, frente a 983.399 en igual periodo del año anterior.
Asimismo, los problemas más reportados tienen que ver con medicamentos y citas. Entre enero de 2025 y abril de 2026, alrededor del 24% de las quejas se relacionó con demoras en la entrega de fármacos y cerca del 21% con trabas para conseguir atención médica. El propio Ministerio expidió la Circular Externa 017 de 2026 para ordenar la continuidad de tratamientos y la entrega completa de medicamentos.
