Para que Córdoba tenga tarifa diferencial en energía, la legislación debe modificarse

La propuesta de tarifas diferenciales para departamentos productores de energía requerirá decisiones políticas de alto nivel.
6 días atrás

La legislación vigente del sector eléctrico colombiano no contempla tarifas diferenciales de energía para departamentos productores como Córdoba, a pesar de albergar importantes centrales generadoras.

Esta realidad, que contrasta con las expectativas de muchos cordobeses, fue explicada por Enrique Kerguelén y Eduardo Díaz, directivos de la hidroeléctrica Urrá durante una reciente entrevista, revelando las complejidades del mercado energético nacional.

El actual marco regulatorio establece un sistema tarifario uniforme a nivel nacional, sin considerar beneficios directos para las regiones donde se produce la energía. Las tarifas eléctricas en Colombia se determinan mediante una fórmula compleja establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que no distingue entre departamentos con o sin centrales generadoras.

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Esta situación originó debates y propuestas de cambio, como la impulsada por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien aboga por modificaciones legislativas que permitan tarifas preferenciales para departamentos productores.

Sin embargo, los representantes de Urrá señalaron que tal modificación requeriría una profunda reestructuración del sistema eléctrico nacional, involucrando decisiones políticas de alto nivel y cambios significativos en la regulación vigente.

Además, explicaron que la energía generada por Urrá se integra al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a la estabilidad del suministro eléctrico en todo el país. Este sistema no permite que la energía producida en una región se destine exclusivamente a esa área, sino que se distribuye según las necesidades nacionales.

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Los representantes de la central reconocieron la frustración de muchos cordobeses ante esta situación, pero insistieron en que cualquier cambio en el modelo tarifario actual requeriría un amplio consenso nacional y consideraciones sobre equidad entre regiones con y sin recursos energéticos.