Montería. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, alerta sobre la presencia creciente de miembros de bandas criminales en municipios de la zona costanera y sur del departamento de Córdoba.
Según el ministerio público, el accionar de las “bandas criminales” es latente en los municipios de Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, donde se encargan de cometer extorsiones y traficar estupefacientes.
La Defensoría del Pueblo ha identificado que en las zonas rurales, estas organizaciones ilegales aparecen con uniformes, armas de corto y largo alcance, y en algunos casos tienen sus propias jerarquías claramente definidas. En el perímetro urbano, en cambio, actúan en pequeños grupos vestidos de civil y se movilizan en camionetas o motocicletas, según el nivel al que pertenezcan dentro de la estructura.
Cabe señalar que, además de los homicidios selectivos, la extorsión, el reclutamiento forzado, la influencia que ejercen sobre la minería ilegal y el narcotráfico, las “bandas criminales”, de conformidad con el diagnóstico elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, han incursionado con preocupante vigor en temas como la explotación sexual infantil y la trata de personas.
No obstante, la policía de Córdoba en cabeza del Coronel Carlos Vargas Rodríguez, manifiesta que el análisis hecho por la defensoría se delimita al accionar criminal de las “bacrim” en las zonas rurales, donde históricamente hicieron presencia los extintos grupos paramilitares.
“El informe de la defensoría del pueblo está focalizándose en las zonas rurales donde hay mayor vulnerabilidad hacia los pobladores por parte de estos delincuentes y es un análisis que también hemos hecho nosotros, por eso intensificamos operativos en estas zonas”, subrayó.
Para el oficial, en el departamento no quedarían activos más de 350 miembros del denominado “Clan Úsuga” o antiguos “Urabeños”, cuyo accionar delictivo incluye zonas del Bajo Cauca Antioqueño.
La estadística de la Policía coincide con el informe de la Defensoría, al precisar que los integrantes de la organización armada ilegal estarían dispersos en pequeños grupos en los municipios del Norte y Sur de Córdoba, principalmente en Tierralta, Montelíbano, San José de Uré, Ayapel y La Apartada.
Las dificultades económicas derivadas por la lucha frontal de las autoridades en contra del tráfico de drogas, y minería ilegal, fuentes de financiación de las bandas criminales, tendría repercusiones al interior de las organizaciones delictivas, lo que explica el anunció de un sector del Clan Úsuga de querer someterse a la justicia mediante un proceso de desmovilización.
“Hemos tenido conocimiento que de parte de ellos está existiendo una inquietud, de qué va a pasar con ellos, y están tratando de generar un escenario pseudopolítico, creyendo que con eso se les dará un tratamiento similar al que se le ha dado a otros grupos que se han sometido a la justicia”, indicó el coronel Vargas.
En total, la policía de este departamento ha logrado la captura de 271 integrantes del Clan Úsuga, pero a pesar de los resultados contundentes, no bajan la guardia y lo siguen considerando como una estructura delincuencial, asociada al tema del narcotráfico y sobre la cual se requiere seguir trabajando con toda fuerza.
