Montería. La Procuraduría Regional de Córdoba ordenó la terminación del proceso disciplinario y el archivo de la investigación en contra del alcalde de Tierralta, Daniel Montero Montes y su secretario de gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, por supuestas irregularidades en la celebración de contratos para la adquisición de mercados destinados a atender la pandemia por el COVID-19.
En su momento la actuación preventiva adelantada por la Procuraduría motivó la suspensión provisional del mandatario local, así como de su secretario de Gobierno.
La Procuraduría Regional concluyó que se aportaron pruebas para verificar la idoneidad del contratista y cotizaciones de los mercados para comparar los precios ofertados.
El abogado Luis Carlos Torregroza, que asumió la defensa del alcalde de Tierralta, indicó que en el proceso se aportó un dictamen pericial con lo cual se pudo demostrar que los costos de los mercados adquiridos para las familias vulnerables fueron ajustado a los precios reales.
“Para este despacho quedó claro que la comparación de precios para establecer el presunto sobrecosto presentado por las cotizaciones realizadas al mercado y del estudio realizado por el DANE fue ajustado y además se tuvo en cuenta los valores reales del mercado de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial”, se lee en el fallo conocido por LARAZON.CO.
Así las cosas, la Procuraduría de Córdoba consideró que los hechos analizados no tienen el alcance de constituir una falta disciplinaria y en consecuencia procedió archivar definitivamente la actuación disciplinaria.
