Tres líderes del Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Carlos Alberto Benavides, en representación del Polo Democrático Alternativo, radicaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca una acción de tutela solicitando medida provisional contra el Consejo Nacional Electoral.
La acción busca responder a la decisión del organismo de condicionar la personería jurídica del nuevo Movimiento Político Pacto Histórico, lo que argumentan en el documento pone en riesgo su derecho a participar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
Para los accionantes, la Resolución 09673 de 2025 que reconoció la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, dejó sin efectos jurídicos la existencia del nuevo movimiento hasta que se concluyan procesos administrativos sancionatorios internos.
Esta medida proveniente del CNE paraliza la vida orgánica del Pacto Histórico, genera incertidumbre jurídica y suprime derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso y la libertad de asociación.
La tutela pide al Tribunal ordenar al CNE que, en un plazo de 24 a 48 horas, concluya los procesos sancionatorios o adopte una medida que permita continuar su trámite sin condicionar la fusión ni el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico.
Los accionantes solicitan que, en la decisión de fondo, se levanten de inmediato los condicionamientos impuestos en los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución 09673, que se inscriban sin restricciones los documentos constitutivos del movimiento, se habilite el registro de su plataforma de afiliados y que la Registraduría permita la inscripción de candidaturas para las elecciones del 8 de marzo de 2026.
Adicionalmente, la tutela solicita que el Tribunal ordene al CNE cesar cualquier actuación que afecte los derechos políticos de la colectividad, que se informe formalmente a la Registraduría sobre la obligación de permitir su inscripción electoral y que se exhorte a la Procuraduría para realizar acompañamiento permanente.
Los líderes insisten en que la intervención judicial es urgente, pues cada día que pasa sin levantarse el condicionamiento reduce la capacidad del movimiento de organizar sus listas y garantizar el ejercicio real y efectivo de la democracia interna.
Corcho, Cepeda y Benavides advierten que el plazo para inscribir candidaturas ante la Registraduría Nacional vence el próximo 8 de diciembre, y que la continuidad del condicionamiento impediría registrar las listas al Senado y la Cámara, así como la participación en la consulta presidencial interpartidista del Frente Amplio prevista para el mismo día de las elecciones al Congreso.
La tutela argumenta que esto configuraría un perjuicio irremediable que afectaría tanto a los militantes de base como a millones de ciudadanas y ciudadanos que respaldan este proyecto político.
