La Contraloría General de la República presentó un estudio intersectorial sobre el Programa de Reparación Colectiva en Colombia que revela un rezago estructural alarmante: de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos en el país al 31 de agosto de 2025, únicamente 60 han culminado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva, lo que equivale a apenas el 5% del total.
El análisis proyecta que, de mantenerse el ritmo actual de ejecución, para 2031 —año en que finaliza la prórroga de la Ley 1448 de 2011— solo el 9,4% de los colectivos habrá completado su proceso, dejando a más de 1.645 comunidades sin reparación efectiva y poniendo en riesgo los compromisos del Acuerdo de Paz y los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Para reparar integralmente a los 1.645 colectivos pendientes, el Estado necesitaría recursos cercanos a 9 billones de pesos, calculados a precios constantes de 2025, lo que representa un desafío mayúsculo para la sostenibilidad fiscal del país.
El tiempo promedio para cerrar un Plan Integral de Reparación Colectiva ronda los diez años, duplicando los plazos previstos en la normativa, lo que prolonga el sufrimiento de las comunidades afectadas y las revictimiza.
Entre 2018 y 2025, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ejecutó apenas el 58% de los 930.750 millones de pesos asignados al programa. De las 18.835 acciones definidas en los planes, solo se completó el 21,94%, con las medidas de restitución como las menos avanzadas, con un 16,19% de ejecución.
La Contraloría identificó como factores críticos la alta rotación del personal técnico, la contratación tardía de profesionales y la coordinación insuficiente entre más de 50 entidades del sistema, y exigió medidas urgentes para garantizar una reparación real y oportuna a las comunidades víctimas del conflicto armado.
