Álvaro Uribe denuncia constreñimiento electoral en el Cauca a favor de Iván Cepeda

Grupos armados ilegales presionan a votantes y exigen actas electorales en todo el departamento para favorecer al candidato del Pacto Histórico.
3 semanas atrás
Foto: Redes Sociales.

El expresidente Uribe denunció que grupos armados ilegales ejercen constreñimiento electoral en todo el departamento del Cauca para beneficiar al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Según Uribe, estas organizaciones exigen la entrega de actas electorales con el objetivo de manipularlas antes del 31 de mayo.

La denuncia detalla una división territorial del control armado. En el sur del Cauca, el ELN y la columna Jaime Patiño de las disidencias de las Farc serían los responsables de las presiones. En el norte, operan las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, también pertenecientes a disidencias de las Farc. Cuatro estructuras armadas activas en un solo departamento, con un mismo objetivo electoral.

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Uribe señala lo que considera una amenaza al proceso democrático, “Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría y la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas y los narcoterroristas en el Cauca”. Con esas palabras, el expresidente convocó a tres actores clave, instituciones nacionales y veedores externos a intervenir antes de que el proceso electoral se vea comprometido.

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El constreñimiento electoral es un delito contemplado en el Código Penal colombiano. Consiste en obligar, amenazar o presionar a ciudadanos para que voten por determinado candidato o partido, o para que se abstengan de votar. En zonas donde grupos armados tienen presencia histórica, como el Cauca, este delito cobra una dimensión especialmente compleja para las autoridades electorales.

La denuncia de Uribe llega en plena recta final de la campaña presidencial y profundiza la tensión política entre el expresidente y Cepeda, dos figuras con un largo historial de confrontación pública. El Cauca, departamento con alta presencia de actores armados y una geografía que dificulta el control institucional, vuelve a estar en el centro del debate sobre garantías electorales en Colombia.

Hasta el momento de la publicación, ni la Registraduría Nacional ni la Procuraduría General se pronunciaron sobre la denuncia.