La Contraloría General de la República decidió asumir, mediante el ejercicio de su poder preferente, el conocimiento y trámite del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por un presunto detrimento patrimonial superior a 26 mil millones de pesos, relacionado con el proyecto de ciclorrutas en el departamento.
La medida quedó consignada en una resolución ordinaria expedida el 31 de diciembre de 2025, a través de la cual la Contraloría General aplica la figura de intervención funcional excepcional y desplaza a la Contraloría de Antioquia del manejo directo del expediente. El documento se fundamenta en los artículos 267 y 268 de la Constitución y en el Decreto Ley 403 de 2020, que facultan al ente nacional para ejercer control fiscal prevalente sobre entidades territoriales.
Según la resolución, la intervención no constituye un fallo ni declara responsabilidades, sino que busca fortalecer la vigilancia, garantizar imparcialidad y asegurar un trámite eficiente del proceso, dada su relevancia fiscal y el monto investigado. La Contraloría subraya que el traslado de competencia permite un seguimiento más riguroso y coordinado desde el nivel central.
El proceso continuará bajo dirección nacional, donde se evaluará si existió o no daño al patrimonio público y, de ser el caso, se determinarán responsabilidades conforme a la ley. Hasta entonces, el expediente permanece en fase investigativa, sin conclusiones de fondo.
