La región Caribe es una de las dos zonas del país con los resultados fiscales más preocupantes en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según un comunicado emitido este 28 de abril de 2026 por la Contraloría General de la República. Los hallazgos fiscales en la región superan los $11.000 millones registrados entre 2022 y 2025, ubicándola junto a la región Centro Oriente como los territorios de mayor riesgo en la administración de estos recursos públicos.
El informe de la Contraloría revela un patrón sistemático de irregularidades que va más allá de los números. Las manipuladoras de alimentos, mujeres que sostienen diariamente el servicio de alimentación escolar para miles de niños y jóvenes, enfrentan retrasos en el pago de sus remuneraciones, irregularidades contractuales e inestabilidad laboral derivada de esquemas de vinculación por períodos aproximados de cuatro meses, práctica que el organismo de control señala como un mecanismo para fragmentar la relación laboral y evadir el pago integral de seguridad social.
Entre 2024 y 2025, la Contraloría identificó a nivel nacional más de 1.069 reportes ciudadanos asociados al PAE, de los cuales al menos 312 advierten afectaciones laborales. Durante 2025, las auditorías de cumplimiento arrojaron cerca de 30 hallazgos nacionales, 20 de ellos de carácter fiscal por más de 18.600 millones de pesos, originados en presuntos sobrecostos en los que los operadores habrían retenido recursos que el Estado ya pagó para garantizar salarios dignos a las manipuladoras.
La Contraloría instó al Ministerio del Trabajo a adelantar acciones de inspección, vigilancia y control sobre los operadores del PAE, y exigió a las entidades territoriales y operadores del programa adoptar medidas inmediatas para garantizar condiciones laborales dignas en todos los territorios, incluida la región Caribe.
