La Contraloría General de la República emitió una advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, sobre los riesgos inminentes que amenazan la seguridad energética del país y que podrían derivar en un desabastecimiento de combustibles.
Esto se desprende de un estudio sectorial realizado por el ente de control titulado “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026)”.
Según el documento, el primer riesgo identificado es una baja significativa en los ingresos de la Nación, principalmente por regalías, debido a la reducción en la producción y exportación de hidrocarburos y minerales. Esto se evidencia en los indicadores de exploración e incorporación de reservas.
Un segundo riesgo es tener que destinar recursos públicos para subsidiar servicios públicos ante un eventual desabastecimiento de gas y otros combustibles, lo que obligaría a importarlos a precios más altos.
“Este es un riesgo que prácticamente ya se está materializando, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de 2.5 billones de pesos“, señala el comunicado.
La no celebración de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y carbón también representaría un riesgo de disminución de la inversión extranjera directa en el país, afectando el PIB, los ingresos del Estado y la tasa de cambio.
Finalmente, se advierte sobre el riesgo de un incremento en los subsidios a combustibles por la posible alza de precios al tener que importarlos. Esto aumentaría el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que ha acumulado un desfinanciamiento de cerca de 100 billones de pesos en los últimos 15 años.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra indicó que estos riesgos podrían consolidarse en el mediano a largo plazo si no se toman medidas para modificar las tendencias observadas en el sector de hidrocarburos.
La seguridad energética es crucial para la estabilidad económica del país, ya que genera ingresos por regalías e impuestos de alrededor de 9 billones de pesos anuales para soportar la inversión social.
