El sector de la construcción manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las tasas de interés hipotecarias aumenten en 2026, un escenario que, según empresarios y analistas, podría limitar el acceso a vivienda para miles de familias y profundizar la desaceleración que ya enfrenta el mercado inmobiliario.
Humberto Ramos, gerente de Rave Construcciones, explicó que la inquietud del gremio no parte de un hecho consumado, sino de los efectos que podría generar el reciente aumento del salario mínimo y las presiones inflacionarias asociadas.
Señaló que cerca del 80% de la vivienda que se compra en el país se financia con crédito, porcentaje que en la vivienda de interés social ronda el 70%, por lo que cualquier ajuste en las tasas tiene impacto directo en la cuota mensual de los compradores.
Ramos indicó que la tasa de interés se define al momento del desembolso del crédito, razón por la cual los hogares quedan expuestos a cambios en el entorno económico.
Desde su perspectiva, una mayor inflación, incluso impulsada por expectativas del mercado, podría trasladarse al sistema financiero y encarecer los préstamos hipotecarios. Esto, advirtió, no solo afectaría a quienes buscan vivienda nueva, sino también al ritmo de nuevos proyectos.
El constructor recordó que el sector ya viene resentido. Frente a 2022, las iniciaciones de vivienda han caído cerca del 40%, pasando de alrededor de 170.000 unidades a unas 107.000.
En ese contexto, un aumento en el costo del crédito podría llevar a que más proyectos se aplacen o queden en espera, ante el riesgo de desistimientos por parte de los compradores.
Desde el análisis económico, Boris Zapata Romero, consultor en competitividad, coincidió en que existe inquietud por la reacción que pueda tener la política monetaria.
Explicó que, ante mayores presiones inflacionarias, el Banco de la República podría optar por ajustes en tasas, lo que afectaría sectores altamente dependientes del financiamiento.
Para el gremio constructor, el llamado es a la prudencia y al seguimiento cercano de las decisiones económicas en 2026, con el fin de evitar que un posible encarecimiento del crédito termine restringiendo el acceso a vivienda y afectando el empleo asociado al sector.
