El Consejo Gremial Nacional pidió a la Corte Constitucional tumbar completamente el decreto de emergencia económica del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno creó nuevos impuestos.
El documento enviado al magistrado Carlos Camargo plantea dos objeciones principales: primero, que las razones del Gobierno para declarar la emergencia no son hechos nuevos ni imprevistos como exige la Constitución; segundo, que Irene Vélez Torres firmó el decreto sin tener un nombramiento válido.
Los gremios explican que Vélez Torres actuaba como ministra de Ambiente encargada desde el 5 de agosto de 2024. Como ese tipo de encargos solo duran tres meses, su designación venció el 5 de noviembre de 2024.
“Dado que el encargo de la doctora Irene Vélez Torres inició el 5 de agosto de 2025, es claro que su término inicial de tres (3) meses se extendía, como máximo, hasta el 5 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la continuidad válida del encargo exigía, de manera ineludible, la expedición de un acto administrativo expreso de prórroga”, señala el documento.
Según el Consejo Gremial, no existe ningún decreto que haya renovado el nombramiento de Vélez después de esa fecha, por lo que su firma en el decreto de emergencia no tendría validez legal.
Además, los empresarios rechazan las razones que dio el Gobierno para declarar la emergencia. Argumentan que la crisis de la salud es un problema viejo, no nuevo; que los problemas de seguridad son permanentes en Colombia; y que el rechazo del Congreso a una reforma tributaria es algo normal en democracia.
Con estos argumentos, el sector empresarial busca que la Corte anule el decreto y todos los impuestos que se crearon con él.
