El Consejo Superior de Política Criminal rechazó por unanimidad el proyecto de ley que busca juzgar como adultos a menores que cometan delitos graves, iniciativa presentada en el Congreso tras el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La decisión del organismo técnico, liderado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, representa un obstáculo considerable para la propuesta legislativa.
La iniciativa propone que jóvenes entre 14 y 18 años que cometan homicidio, secuestro o terrorismo sean procesados bajo las leyes 599 de 2000 y 906 de 2004, aplicables a adultos.
El proyecto surgió después de que un menor de 15 años asesinara a Uribe Turbay y recibiera una condena de apenas 7 años bajo el actual sistema de responsabilidad penal adolescente.
Francisco Bernate, presidente de la Comisión, calificó la propuesta como “populismo punitivo” sin sustento técnico. “No estamos de acuerdo con esa situación. No vamos a apoyar una iniciativa que pretenda juzgar a los menores infractores como adultos”, declaró tras la sesión donde se analizó el proyecto.
El organismo argumentó que la iniciativa carece de fundamentos empíricos que demuestren la efectividad del endurecimiento de penas para reducir la criminalidad juvenil. Los miembros del Consejo consideran que procesar menores como adultos contradice principios constitucionales sobre protección integral de la niñez.
Aunque la opinión del Consejo no es vinculante, su rechazo plantea serias dudas sobre la viabilidad técnica del proyecto. La decisión envía una señal clara sobre la posición de los expertos en política criminal frente a iniciativas reactivas ante casos mediáticos.
El proyecto deberá enfrentar ahora el debate legislativo en el Congreso de la República, donde los ponentes tendrán que sustentar sus argumentos frente a las objeciones técnicas planteadas. Posteriormente, si supera el trámite legislativo, la Corte Constitucional deberá revisar su constitucionalidad.
La suerte de esta iniciativa queda en manos de las instancias políticas y judiciales, pese al rechazo unánime de los expertos en política criminal del país.
