El Consejo de Estado admitió a trámite la demanda presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, en ejercicio del mecanismo de control de nulidad, por el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones al régimen público administrado por Colpensiones.
La providencia, firmada electrónicamente por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar y dispone una serie de medidas procesales que activan formalmente el estudio judicial del cuestionado decreto.
El auto ordena notificar personalmente a los ministerios demandados, correr traslado de la demanda por un término de 30 días y notificar al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, la corporación previno a la parte demandada para que, durante el plazo de respuesta, allegue el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso.
El Consejo de Estado también ordenó a la Secretaría de la Sección Segunda informar a la comunidad sobre la existencia del presente trámite, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011. El demandante quedó eximido de cancelar el depósito para gastos del proceso, por disposición expresa del CPACA.
La admisión de la demanda abre un nuevo frente judicial al decreto pensional del Gobierno Nacional, que ya había generado debates políticos y económicos de amplio alcance, incluyendo cuestionamientos públicos de candidatos presidenciales que advirtieron sobre un posible desbalance financiero en el sistema pensional colombiano.
