El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, emitió una nueva alerta pública durante el proceso de empalme al expresar preocupación por un decreto expedido por el Gobierno Nacional relacionado con los requisitos para nombrar oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Restrepo informó que solicitó formalmente a la UNP detener cualquier nombramiento sustentado en esa norma hasta el próximo 7 de agosto. Además, pidió a la entidad entregar la información correspondiente a los procesos de selección que actualmente se encuentran en curso.
El vicepresidente electo afirmó que la decisión del Gobierno Nacional se adoptó cuando restan 40 días para el cambio de mandato y planteó interrogantes sobre la modificación de los requisitos para quienes podrían integrar los esquemas de seguridad del próximo jefe de Estado y de los altos funcionarios de la nueva administración.
Durante su pronunciamiento sostuvo que los oficiales de protección tendrán la responsabilidad de custodiar al presidente electo y a su equipo de Gobierno, por lo que consideró necesario revisar las actuaciones adelantadas antes de la posesión presidencial.
“Con la seguridad del presidente, de las autoridades de la nación, de Colombia no se juega”, manifestó Restrepo al insistir en que las decisiones relacionadas con la protección del mandatario deben ofrecer garantías durante el periodo de transición entre gobiernos.
El dirigente también expresó que “es absoluta y totalmente inadmisible que en los últimos días de un gobierno saliente se cambien las reglas de juegos para definir quiénes podrán integrar el esquema de protección del presidente que eligieron los colombianos y de todos sus ministros y cabezas de Estado”.
Restrepo señaló que el equipo de empalme no permitirá que medidas adoptadas antes del relevo presidencial condicionen la conformación del esquema de seguridad del nuevo Gobierno. Agregó que defenderán la voluntad expresada en las urnas mediante los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.
El vicepresidente electo concluyó que las actuaciones durante el proceso de empalme deben garantizar la protección del jefe de Estado y afirmó que, a su juicio, el decreto cuestionado va en sentido contrario a ese propósito.
