De la Espriella ordenará investigar supuestos vínculos entre funcionarios del Gobierno Petro y el Clan del Golfo

El presidente electo instruyó al comité de empalme anticorrupción para presentar denuncias penales y alertar al Departamento de Justicia de EE. UU.
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Foto I Redes sociales de Abelardo de la Espriella- Mejorado con IA

El presidente electo Abelardo De la Espriella emitió hoy una instrucción formal al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, director del comité de empalme anticorrupción, para que inicie acciones jurídicas contra funcionarios del actual Gobierno Nacional presuntamente vinculados al Clan del Golfo.

El documento, fechado en Barranquilla, señala que revelaciones periodísticas recientes apuntan a posibles acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos cargos del Ejecutivo y la organización narcoterrorista.

De la Espriella calificó estos hechos como “de la mayor gravedad institucional” y exigió una respuesta inmediata conforme al Estado de Derecho.

La instrucción contempla cuatro acciones concretas. La primera es evaluar toda la información disponible y promover denuncias penales y disciplinarias ante las autoridades competentes.

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La segunda incluye de manera específica al exalto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, cuyas actuaciones públicamente conocidas serán analizadas para determinar si hay mérito jurídico suficiente para acciones legales.

En tercer lugar, el presidente electo ordenó remitir información relevante al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de canales institucionales y diplomáticos, en los casos que puedan involucrar conductas dentro de su jurisdicción.

El cuarto punto instruye evaluar si corresponde notificar a organismos internacionales cuando las conductas investigadas comprometan obligaciones del Estado colombiano o presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

De la Espriella fundamentó la instrucción en el mandato obtenido de más de trece millones de votantes para restablecer la autoridad legítima del Estado y garantizar que ningún servidor público quede fuera del escrutinio judicial cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta.

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