Familias de la comunidad Embera Katío, principalmente del cabildo de Río Verde, se instalaron en el parque Santiago Canabal de Tierralta con hamacas y enseres como protesta pacífica por presuntas irregularidades en la administración de recursos del Sistema General de Participaciones destinados a pueblos indígenas.
Los manifestantes denuncian que cerca de 4 mil millones de pesos anuales, que deberían invertirse en salud, educación, vivienda, agua potable y proyectos productivos en su territorio, no llegan a las familias ni se reflejan en mejoras concretas para sus necesidades básicas.
Fabio Bailarín, vocero de la Minga 2021-2025, explicó que esta movilización surge tras una asamblea realizada en marzo de 2024 donde las comunidades expusieron inconformidades sobre el manejo del proyecto SGP. “Durante más de 23 años se ha ejecutado ese recurso y nuestro pueblo no tiene ni siquiera vivienda digna”, señaló el vocero indígena.
La comunidad recuerda que presentó quejas formales en marzo de 2024 sobre la falta de transparencia, pero nunca obtuvo respuesta ni acciones concretas de las autoridades locales. Los líderes del cabildo aseguran que los recursos estarían siendo administrados por personas sin aval de la asamblea indígena, lo que consideran una vulneración de sus derechos colectivos y su autonomía.
Mencionó que una supuesta resolución del Consejo de Gobernadores habría servido para entregar un acta de posesión al Secretario de Gobierno municipal, situación que califican como irregular.
Los Embera Katío solicitan que la ejecución de los recursos sea entregada a José María Domico Domico, a quien señalan como persona capaz y respetuosa que ha ejecutado otros proyectos con resultados favorables para comunidades indígenas.
La comunidad exige claridad sobre quién ejecuta los recursos, cómo se están invirtiendo y por qué no hay obras visibles que beneficien a las familias del territorio. Los manifestantes pasaron la noche en cambuches dentro del parque y anunciaron un plantón pacífico frente a la Alcaldía Municipal para sostener diálogo directo con funcionarios locales.
Los Embera Katío advirtieron que, de no llegar a un acuerdo, permanecerán en el lugar el tiempo necesario hasta obtener respuestas sobre el destino de los recursos que legalmente les corresponden y que, según denuncian, no se reflejan en mejoras después de más de dos décadas de ejecución.
