Montería. El Centro asistencial se declaró víctima de la Fiscalía, al considerar que tras los allanamientos realizados a su sede, se desprendieron una serie de sindicaciones que no estaban soportadas con rigor científico, sino con base en suposiciones.
“Un medicamento para su análisis necesita de mucho más elementos de juicio, no solamente la inspección física, sino la del contenido, su trazabilidad eso nunca fue soportado como indicio de la Fiscalía”, expresó Martha Bermúdez, representante legal de la Clínica Valle del Sinú.
De igual forma cuestionó que la Fiscalía conociera sobre este caso desde el año 2011 y esperara seis años para darles a conocer que existían antecedentes de una red que falsificaba medicamentos y los suministraba como legales.
“Con el actuar de la Fiscalía nos han perjudicado en el sentido de que estamos siendo considerados como una red criminal para comercializar o para usar medicamentos falsos”, dijo.
El centro médico también se declaró víctima de los laboratorios farmacológicos que a su juicio se convirtieron en juez y parte del proceso, debido a que muchos de sus peritos integraron los equipos que efectuaron los allanamientos.
“Ellos debían apartarse para que los peritos fuesen imparciales y en ese aspecto los peritos que fueron aportados en esos allanamientos son los mismos que procedían de los laboratorios hoy constituidos en víctimas”, aclaró Bermúdez.
Adicionalmente señaló que la cadena de errores inició desde el momento mismo en que los laboratorios contratan a un tercero para destruir los medicamentos vencidos, pero nunca supervisaron que efectivamente estos fueran desnaturalizados.
“Al no cortar ellos con esa primera cadena se desencadenaron otras situaciones entre esas que los medicamentos no fuesen destruidos y en cambio vendidos a una red que los empezó a comercializar de forma fraudulenta”, detalló.
En ese sentido, la representante legal de la Clínica Valle del Sinú, cuestión que ni el Ministerio de Salud, Invima y Secretaría de Salud de Córdoba, hayan lanzado alertas de vigilancia sobre medicamentos, lo cual demuestra fallas en el proceso de inspección y vigilancia.
“En Colombia el comercio está regulado, nosotros le comprábamos a una institución inscrita en Cámara de Comercio y cuyo objeto era comercializar medicamentos. No estamos ni obligados, ni facultados a tener un laboratorio paralelo para examinar la procedencia de los medicamentos que compramos bajo el supuesto de buena fe”, aclaró.
Con pruebas demostraron al juez del caso y a la Fiscalía que el volumen de compra de la Fundación al proveedor cuestionado no supera el 5% del total de suministros.
“Se le entregaron a la Fiscalía todas las facturas de compra pues en nuestra institución todos los medicamentos que ingresan estuvieron soportados en facturas”, declaró. Finalmente aseguró que emprenderán todas las acciones jurídicas que la ley establece.
