Cerro Matoso advierte crisis operacional por solicitud de Canacol de terminar suministro de gas

Operación minera en Córdoba advierte sobre colapso productivo tras demanda canadiense que amenaza suministro del 80% de su consumo energético.
1 semana atrás
Foto: Archivo.

Cerro Matoso alertó hoy sobre la amenaza de paralizar sus operaciones minero-industriales tras la solicitud presentada por Canacol Energy ante una corte de Alberta (Canadá) para rescindir los contratos vigentes de suministro de gas.

La empresa calificó la medida como “improcedente y arbitraria” y señaló que el proveedor aporta aproximadamente el 80% del consumo energético requerido para mantener la continuidad de sus procesos.

La operación ubicada en el sur de Córdoba depende de manera crítica del gas natural para operar dos hornos que funcionan ininterrumpidamente 24 horas diarias.

Ambos equipos requieren mantenimiento constante de su régimen térmico para preservar su integridad estructural y carecen de alternativas de reemplazo energético.

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Un cierre de actividades generaría consecuencias económicas severas. El país experimentaría pérdidas diarias cercanas a $1.000 millones por menores ingresos tributarios y de regalías, mientras que Cerro Matoso dejaría de producir aproximadamente 95 toneladas diarias con perjuicios próximos a $5.100 millones por jornada.

Las reparaciones de los hornos dañados sumarían entre $550.000 y $730.000 millones por unidad, con tiempos de restauración superiores a diez meses.

En 2025 la compañía generó más de 2.000 empleos entre personal directo y contratistas, aportó $334.570 millones al fisco colombiano por regalías e impuestos, y asignó $10.600 millones en iniciativas sociales beneficiando a 50.000 personas.

La empresa mantiene relaciones activas con 25 comunidades vecinas mediante 550 proyectos enfocados en acceso a tierras, vivienda, educación y fortalecimiento productivo.

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La compañía expresó confianza en que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resguarden el orden público nacional considerando que el contrato se rige por legislación colombiana y no canadiense.