Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirmó este miércoles que la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por inundaciones en ocho departamentos cuenta con fundamento técnico sólido.
Durante un foro en la Universidad de Córdoba, el funcionario manifestó que la medida expedida por el Gobierno Nacional en febrero está “debidamente sustentada” y que él responde personalmente por su documentación.
Carrillo advirtió que si la Corte Constitucional decide revocar el decreto, esa resolución obedecería a motivaciones electorales y no a insuficiencias en el respaldo técnico del acto administrativo.
El director de UNGRD señaló que los magistrados evitaron pronunciarse en la sesión plenaria del 27 de abril, conducta que calificó como evasión de responsabilidad política frente a un tema de importancia nacional.
El funcionario conectó su análisis con el contexto electoral: la primera vuelta presidencial está fijada para el 31 de mayo. En ese marco, planteó que actores políticos representados mayoritariamente en la Corte podrían buscar incidir sobre las opciones disponibles en la contienda electoral.
Mencionó que el presidente Gustavo Petro y el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, son originarios de Córdoba, departamento epicentro de la crisis climática.
Carrillo enfatizó que una eventual anulación de la declaratoria traería consecuencias humanitarias graves. Advirtió que más de cien mil familias en el país quedarían sin acceso a recursos de reconstrucción y recuperación económica si la corporación judicial invalida la medida que moviliza fondos para atender los daños causados por el fenómeno hidrometeorológico de enero y febrero de 2026.
