Un total de 75 individuos con antecedentes o condenas penales obtuvieron la designación de gestores de paz por parte del Gobierno Nacional sin que los procesos arrojaran resultados de seguridad verificables, según documenta un informe de Asocapitales.
Del grupo designado, 64 permanecen activos dentro de sus estructuras armadas y 15 salieron de prisión gracias a estos beneficios. Ninguno de los procesos derivó en disminución comprobable de homicidios, extorsión o presencia armada en los territorios donde operan los grupos beneficiados.
La figura jurídica se aplicó mediante resoluciones expedidas por el Comisionado de Paz, amparadas en la Ley 2272 de 2022 que faculta al Ejecutivo para suspender órdenes de captura durante diálogos.
El análisis advierte que los beneficios se otorgaron sin contraprestaciones reales en materia de seguridad.
Tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) entraron en vigor entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. La Resolución 471 estableció áreas en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) para el Ejército Gaitanista de Colombia.
La 474 prorrogó por siete meses la zona de Tibú (Norte de Santander) destinada al Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las FARC-EP.
Una tercera resolución habilitó territorio en Valle del Guamuez (Putumayo) para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Ninguna ZUT contempló mecanismos de verificación vinculantes sobre el cese de actividades criminales ni participación de autoridades locales en su diseño.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la política: “El Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no tiene resultados positivos, sino que es peligrosa e irresponsable”.
La Fiscalía General de la Nación revocó 16 de 23 suspensiones de captura tras detectar inconsistencias administrativas en los trámites.
