El Comité Autónomo de la Regla Fiscal reveló que el ajuste salarial decretado por el Gobierno para este año compromete seriamente las cuentas nacionales.
La decisión dispara gastos en pensiones y nómina estatal, alejando cualquier opción de volver a los parámetros de sostenibilidad fiscal.
El CARF publicó un análisis donde proyecta que el decreto 1469 de 2025, que estableció un aumento del 23% al salario mínimo mensual, generará un desequilibrio de $5,3 billones (0,3% del PIB) durante 2026. Para los años siguientes, el desajuste alcanzaría los $8 billones anuales (0,4% del PIB).
El organismo técnico explicó que este crecimiento real del salario mínimo mensual legal vigente, calculado en 18,5% al descontar la inflación, representa el mayor incremento de las últimas dos décadas. El promedio histórico había sido de apenas 1,2 puntos porcentuales en términos reales durante los últimos 20 años.
“La decisión de incremento de 23% en el SMMLV genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica”, señala el comunicado oficial del CARF.
El análisis identifica varios frentes donde el alza salarial presiona las finanzas estatales. Primero, las pensiones del régimen de prima media suben automáticamente porque su base de cotización se vincula al salario mínimo.
Segundo, los salarios de empleados públicos que reciben ese nivel de ingresos también se elevan. Tercero, el mayor costo salarial podría reducir el recaudo del impuesto de renta corporativo en aproximadamente $2,7 billones.
El comité advirtió sobre otros efectos que no pudo cuantificar por falta de información, como el aumento del Índice Base de Cotización para calcular pensiones, el incremento en las tasas de reemplazo y el impacto sobre las pensiones de renta vitalicia del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), que también se ajustan según el salario mínimo y no por el IPC.
Según los cálculos preliminares, el componente de pensiones implica un gasto adicional de $4,7 billones, mientras que el impacto en salarios públicos suma otros $600.000 millones. El efecto sobre el recaudo tributario considera que el 25% del aumento en costos salariales se traduce en reducción de márgenes empresariales.
El CARF subrayó que estos ejercicios son preliminares y podrían revisarse si obtiene nueva información. También aclaró que dejó por fuera varios canales por donde el efecto fiscal podría resultar superior, especialmente el relacionado con el cubrimiento del aumento en el cálculo actuarial de rentas vitalicias.
El comunicado concluye que el mayor déficit fiscal resultante “aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”, en momentos en que el país enfrenta una emergencia económica declarada por el mismo Gobierno.
