La Cámara Colombiana de la Construcción manifestó su preocupación ante el proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda que busca establecer valores fijos en pesos para la Vivienda de Interés Social y eliminar su referencia al salario mínimo.
Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo del gremio, señaló que la propuesta introduce una intervención artificial en el mercado y contradice la normativa vigente. La regulación actual permite definir los valores tanto en pesos como en salarios mínimos, con el precio definitivo establecido al momento de la escrituración.
La organización cuestiona las facultades legales del Ejecutivo para modificar directamente las condiciones del mercado habitacional. Herrera explicó que la vivienda requiere procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse hasta cinco años.
El dirigente enfatizó que durante ese período ocurren variaciones en materiales, tasas de interés y regulaciones que obligan a ajustes razonables para mantener la viabilidad de los proyectos. La medida afectaría el acceso de los hogares a subsidios de cajas de compensación, entidades territoriales y condiciones crediticias preferenciales.
El debate surge tras el aumento del 23 por ciento en el salario mínimo, que podría elevar entre 10 y 15 por ciento los gastos de construcción. Adicionalmente, más de 24.000 familias abandonaron sus planes de adquisición habitacional en 2025 después de la cancelación del programa Mi Casa Ya.
Camacol aclaró que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha prohibido las ventas referenciadas al salario mínimo cuando se informa adecuadamente al comprador.
El gremio solicitó al Gobierno Nacional abordar estos temas mediante análisis técnico responsable, rechazando el enfoque de descalificación y amenazas.
