Cerca de 40.000 órdenes de comparendo en el país podrían haberse impuesto de manera irregular, según los primeros resultados de la auditoría nacional a los sistemas de fotodetección ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella.
El hallazgo corresponde a sanciones generadas por dispositivos autorizados que no reportaron oficialmente el inicio de su operación ante las autoridades de tránsito.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta la verificación de esa cifra junto al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), paso indispensable antes de definir las acciones legales que correspondan sobre los comparendos cuestionados.
El mandatario señaló que las cámaras de fotomultas deben operar como una herramienta para prevenir accidentes de tránsito y no como un mecanismo de recaudo indiscriminado hacia los conductores del país.
La revisión, que abarca el territorio nacional, también permitió identificar 12 dispositivos cuya autorización atraviesa actualmente un trámite de revocatoria. La medida responde a cambios en la competencia de la autoridad de tránsito encargada de aprobar el funcionamiento de estos equipos en las distintas regiones.
En Cartago, Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Seguridad Vial negó la entrada en operación de un sistema de fotodetección que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos. El caso se suma a las irregularidades detectadas durante el proceso de auditoría.
De la Espriella indicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial continuará la inspección de los sistemas instalados en las diferentes ciudades del país, con el objetivo de depurar los comparendos irregulares y evitar que los conductores sigan siendo afectados por fallas en la autorización de estos dispositivos.
