La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, encendió las alarmas este martes al revelar que entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026 se han identificado al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, además de más de ocho casos que involucran a funcionarios y equipos institucionales.
Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, fue enfático en el alcance del problema: “No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios.”
Los casos documentados abarcan amenazas directas contra alcaldes en Cúcuta, Cartagena y Florencia; presuntos planes de atentado en Medellín, Barranquilla y Cali; y alertas de riesgo en Bogotá. El informe advierte que el fenómeno no se concentra en una zona específica sino que afecta capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera.
El riesgo tampoco se limita a los mandatarios: secretarios de despacho, agentes operativos, comisarías de familia y equipos técnicos también han sido objeto de presiones e intimidaciones.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe señala que las amenazas tienden a surgir cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público o acciones contra el microtráfico y la extorsión.
Santamaría lanzó un llamado directo al Gobierno Nacional: “Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona. Se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia.”
