A eso de las 9:00 a.m, el exsenador Armando Benedetti llegó a la Corte Suprema de Justicia para responder por la investigación que se adelanta por el presunto delito de concusión.
Estos hechos se remontan al año 2010, cuando Benedetti ocupaba su cargo como congresista de la República. La pesquisa gira en torno a la supuesta solicitud de dinero a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales relacionadas con derechos pensionales de docentes del departamento de Córdoba, específicamente de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
La Sala, concretamente bajo la dirección del magistrado Francisco Javier Farfán, está a cargo de determinar si Armando Benedetti habría exigido sumas de dinero a personas vinculadas a estos casos para que la entidad Fiduprevisora llevara a cabo los pagos de pensiones vitalicias y liquidaciones correspondientes.
Los procesos judiciales de Benedetti fueron remitidos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia después de su renuncia al cargo de embajador de Colombia en Venezuela.
Asimismo, el exsenador enfrenta una indagatoria relacionada con el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el marco del caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Sin embargo, esta audiencia fue pospuesta debido a que Benedetti presentó una recusación contra la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el caso.
La defensa de Armando Benedetti argumenta que la magistrada Lombana promovió audiencias bajo los principios de la Ley 906 en casos que debían ser tramitados según la Ley 600 ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esto, según la defensa, fue un intento de mantener los casos bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que la decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción de la Corte era que estos fueran remitidos a la Fiscalía.
