Amenazas de grupos armados han obligado a servidores públicos de 17 departamentos a desplazarse

En época preelectoral, no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas por el conflicto armado, sino también los servidores públicos, especialmente alcaldes y concejales.
3 años atrás

Nacional. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, funcionarios públicos de 17 departamentos del país se han visto obligados a desplazarse debido a las amenazas de grupos armados ilegales.

El reporte revela que 12 alcaldes están despachando desde fuera de sus localidades, y en municipios de 12 departamentos se presentan situaciones similares con diputados, concejales, personeros, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha solicitado la adopción de medidas urgentes para proteger a los funcionarios y fortalecer la presencia institucional en las poblaciones, donde no existen las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo sus funciones.

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El informe resalta que, en época preelectoral, no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas por el conflicto armado, sino también los servidores públicos, especialmente alcaldes y concejales, que se han convertido en blanco de intimidaciones por parte de organizaciones ilegales.

Algunos de los municipios afectados incluyen Puerto Guzmán en Putumayo, Cartagena del Chairá en Caquetá, Magüí Payán en Nariño, y Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar en Chocó, entre otros. Además de los alcaldes, concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal también han tenido que abandonar sus municipios en departamentos como Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima.

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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los entes departamentales para que se tomen medidas de protección y se fortalezca la presencia institucional en los municipios donde la seguridad no permite el desempeño de los funcionarios públicos y la defensa de los derechos humanos.

Camargo Assis también instó a los actores armados a demostrar gestos que contribuyan a la paz en el país y afirmó que la presión ejercida por estos grupos ilegales durante el período electoral no puede imponerse bajo amenazas y violencia.