Nueva EPS atraviesa uno de sus peores momentos: más de 200.000 usuarios abandonaron la aseguradora en apenas cinco meses, un dato que refleja la profunda desconfianza que genera entre los colombianos afiliados a ella. La cifra se suma a una cadena de turbulencias institucionales que dificultan cualquier proyección sobre su futuro inmediato.
El Gobierno Nacional tiene previsto convertir a Nueva EPS en la gran aseguradora del país, retomando el modelo del antiguo Seguro Social. Para lograrlo ha expedido dos decretos orientados a ese fin, pero la Rama Judicial los detuvo, lo que frena la hoja de ruta del Ejecutivo para la entidad.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro habría pedido la renuncia al actual agente interventor, Luis Óscar Galves, según trascendió en los últimos días. De confirmarse, Galves sería el quinto funcionario en ocupar ese cargo desde que la Superintendencia Nacional de Salud intervino la EPS en abril de 2024, apenas hace dos años. Ese ritmo de rotación equivale a un promedio de cuatro meses por interventor, una inestabilidad que dificulta cualquier proceso de saneamiento serio.
La propia entidad salió a desmentir la versión: publicó un comunicado en el que aclaró que no habrá cambio en la interventoría ni se levantará la medida administrativa. Sin embargo, el simple hecho de que el rumor circulara con suficiente fuerza como para requerir una aclaración oficial dice mucho sobre el ambiente que rodea a la aseguradora.
Nueva EPS concentra además cerca de $2,1 billones de los $2,6 billones en recursos públicos embargados que la Superintendencia Nacional de Salud identificó recientemente, lo que añade otra capa de presión financiera sobre una entidad que ya opera bajo intervención y con una base de afiliados en retroceso.
