La región del Caribe enfrenta una incertidumbre energética ante la posibilidad de un aumento considerable en las tarifas, estimado en más del 15%. La falta de nombramientos de expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha generado preocupación, ya que aún restan cinco comisionados por designar para completar la comisión y esta no ha podido sesionar por falta de quorum.
La Contraloría General de la República (CGR) expresó su inquietud por el vacío institucional creado al no contar con un cuerpo completo de expertos comisionados y por ello se impide la toma de decisiones en aspectos cruciales de la regulación de las tarifas de energía en la región.
En ente de control advierte que este escenario podría tener consecuencias financieras significativas tanto para los usuarios como para la comercializadoras.
El posible incremento en las tarifas se agrava con la pérdida de vigencia de la Resolución CREG 101031 de 2022, conocida como ‘tarifas justas’. Esta resolución postergaba el cobro real de las tarifas a los usuarios, minimizando el riesgo de un “Apagón Financiero”.
Sin la capacidad de emitir conceptos o responder peticiones relacionadas con la regulación de servicios públicos, la CREG se encuentra limitada en su actuación.
La Contraloría, en sus estimaciones, sugiere que los usuarios en la Costa Caribe podrían enfrentar aumentos significativos en el costo de energía. Por ejemplo, una factura que solía ser de $300,000 podría aumentar a $345,000 en un solo mes, y este incremento podría continuar en los meses subsiguientes.
La posible alza en las tarifas no solo impactaría los hogares, sino que también generaría una mayor necesidad de subsidios, particularmente para los estratos 1, 2 y 3.
