La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) radicó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana en la que solicita declarar la inexequibilidad y la suspensión provisional del Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional tras la ola invernal que afectó a ocho departamentos, entre ellos Córdoba.
La acción fue presentada por el abogado y académico Julián López Murcia, apoderado de Acolgen, ante el magistrado sustanciador Miguel Polo Rosero, en el marco del expediente RE-390.
Uno de los argumentos centrales de la solicitud apunta a que el Gobierno Nacional no demostró de forma suficiente que la crisis derivada de la variabilidad climática estuviera más allá del alcance de los mecanismos ordinarios del Estado. Para Acolgen, esa demostración es un requisito constitucional ineludible para justificar una declaratoria de emergencia.
El escrito desarrolla sus pretensiones en cinco partes. La primera resume los fundamentos para la inexequibilidad. La segunda acredita la legitimación de Acolgen para intervenir en el proceso. La tercera sostiene que el Decreto 150 incumple los presupuestos formales exigidos por la Constitución.
La declaratoria de emergencia fue expedida por el presidente Gustavo Petro como respuesta a las inundaciones que golpearon varios departamentos del país a comienzos de 2026. Córdoba figuró entre los territorios más golpeados por la crisis invernal que motivó la medida.
Con esta intervención, Acolgen busca que la Corte Constitucional frene los efectos del decreto antes de que concluya su revisión de fondo, mecanismo que el ordenamiento jurídico colombiano permite mediante la figura de la suspensión provisional en estados de excepción.
