El penalista Ricardo Gaviria Ramírez, entregó a la Fiscalía General de la Nación el poder que lo acredita como apoderado de la exprimera dama Verónica Alcocer.
Junto con ese documento presentó un memorial en el que pide garantías para ejercer la defensa técnica y material dentro de la indagación por presunto narcotráfico.
La Fiscalía investiga lo que dijo Eva Ferrer, quien relacionó un viaje oficial a Venezuela con el transporte de drogas, armas y dinero. El ente acusador citó a Ferrer a declarar bajo juramento, una decisión que la defensa respaldó. Según el abogado, Alcocer ha estado dispuesta a comparecer desde que se conocieron las acusaciones.
El objetivo de la defensa en esta etapa preliminar es demostrar que los hechos atribuidos a Alcocer “jamás ocurrieron”. Si logra probarlo, presentará acciones penales y civiles contra quienes hicieron y divulgaron los señalamientos, para pedir sanciones y una indemnización por los perjuicios.
Gaviria Ramírez contó que el 13 de octubre pidió a la Fiscal General y al Vicefiscal General que le informaran qué despacho llevaba el caso. El plazo para responder se venció sin respuesta y la firma tuvo que insistir. Las contestaciones que recibió solo la remitieron a otras oficinas, sin identificar el expediente.
La defensa supo este miércoles qué dependencia tiene la indagación gracias a un reporte periodístico. En su comunicado, la firma se solidarizó con los medios y los reporteros, y rechazó las amenazas y cualquier forma de intimidación contra su trabajo.
Aunque la firma considera que las acusaciones son versiones de oídas y que su supuesta fuente ya las desmintió, cree que deben investigarse porque también afectan la imagen de Colombia. Por eso pidió a la Fiscalía actuar con “rigor, transparencia y, sobre todo, lealtad”.
El documento recuerda que hace más de veinte años la Corte Constitucional reconoció el “carácter universal e intemporal del derecho de defensa”, con base en los tratados de derechos humanos que Colombia ratificó. Para el abogado, ni la gravedad de los cargos ni las condenas anticipadas de la opinión pública anulan la presunción de inocencia.
