La Corte Constitucional le dio vía libre a la emergencia económica que el Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella decretó tras el terremoto del 10 de agosto. El aval vino acompañado de condiciones. La Sala Plena tomó la decisión por siete votos contra uno.
La principal restricción tiene que ver con el destino del dinero. Los magistrados establecieron que el Ejecutivo no podrá usar los recursos obtenidos bajo esta figura excepcional para cubrir el déficit fiscal. Tampoco podrá destinarlos a problemas que existían antes de la tragedia, como la crisis de las cárceles.
Con ese límite, la Corte busca que cada peso recaudado o movilizado por el estado de excepción vaya a atender a las zonas y comunidades golpeadas por el sismo, y no a necesidades ajenas al desastre.
El fallo también le impuso al Gobierno tres tareas concretas. La primera es delimitar con precisión los municipios beneficiados por las medidas, de modo que la emergencia aplique solo en los territorios afectados. La segunda es recalcular el costo total de la emergencia a partir de los ajustes que introdujo el tribunal.
La tercera obligación apunta a la vigilancia de los recursos. La Corte ordenó garantizar mecanismos de control sobre la ejecución de los fondos para que se pueda seguir el rastro de cada gasto.
Con esta decisión, el Gobierno conserva la herramienta jurídica para responder a la catástrofe, pero tendrá que ajustar el alcance territorial y fiscal de la medida. Las cuentas que presentó al declarar la emergencia deberán revisarse de acuerdo con las condiciones fijadas por el alto tribunal.
La emergencia económica permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para responder a situaciones extraordinarias. Ahora, el tribunal fijó las reglas para que esos poderes se concentren solo en la recuperación tras el terremoto.
