El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, ordenó iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre cinco contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por cerca de 20.783 millones de pesos, suscritos durante el gobierno anterior. La decisión responde a denuncias de medios de comunicación sobre presuntas fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos.
El ente de control revisará la compra de un helicóptero no tripulado por unos 9.000 millones de pesos. Allí examinará las condiciones de adquisición, las supuestas fallas de funcionamiento, el siniestro ocurrido en marzo de 2026 y la aplicación de las garantías.
También analizará la adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente 8.340 millones, con énfasis en su entrega, funcionamiento y uso efectivo.
La lista incluye el contrato 043 de 2024, por cerca de 1.314 millones, para comprar 595 computadores, cuya calidad y fallas se investigarán. Asimismo, se suma el contrato 053 de 2022, por unos 580 millones, para un sistema de identificación biométrica que no habría entrado en funcionamiento.
La quinta contratación corresponde al mobiliario y la dotación de las instalaciones de la DNI en Funza, por alrededor de 1.549 millones, donde se verificarán precios y posibles sobrecostos.
Además, la Contraloría revisará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2) y el destino de los recursos comprometidos.
Para ello solicitará estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si identifica un presunto detrimento patrimonial, adelantará las actuaciones fiscales correspondientes.
Laverde afirmó que “la seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos”.
