Minutos después de perder el cargo en un juicio político, el ahora expresidente Santiago Peña recibió una orden de arresto domiciliario de la Fiscalía paraguaya. El ente acusador lo investiga por presunta lesión de confianza y por otras conductas de carácter financiero.
La decisión llegó luego de que el Senado votara en bloque su salida del poder. De los 45 integrantes de la corporación, 44 respaldaron la condena por mal desempeño de funciones. Nadie votó por absolverlo y solo un senador faltó a la sesión.
El origen de la tormenta política es el desplome de Ueno Bank, una entidad digital privada con estrechos lazos con el exmandatario. El Banco Central asumió el control del banco tras detectar graves fallas de solvencia. En ese momento allí reposaban cerca de 850 millones de dólares de recursos estatales, entre ellos dineros de pensionados, y unos tres millones de clientes quedaron sin poder retirar sus ahorros.
Horas antes del desenlace, Peña intentó salir por la vía de la renuncia. Los legisladores la rechazaron y siguieron con el proceso que le quitó la investidura y, con ella, la protección de los fueros.
La orden, firmada por las unidades especializadas en delitos económicos, anticorrupción e informáticos, lo obliga a permanecer en su vivienda hasta que rinda cuentas ante el Ministerio Público. La misma medida cobija a Carlos Carvallo Spalding, quien dirigía el Banco Central hasta hace pocos días.
En medio de la crisis, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento como nuevo jefe de Estado. Gobernará hasta agosto de 2028, cuando termina el periodo constitucional.
