La defensa de Miguel Andrés Quintero Calle presentó una acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República, en rechazo al traslado del procesado a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá.
El recurso, interpuesto por el abogado Felipe Alzate Gómez, cuestiona que Quintero Calle deba permanecer recluido a cientos de kilómetros de Medellín, ciudad donde reside su familia y donde se adelanta el proceso penal en su contra.
En un comunicado público, la defensa sostuvo que el traslado afecta la unidad familiar, especialmente por la separación de su hija menor de edad, y dificulta el contacto con sus abogados y la asistencia a las audiencias.
También cuestionó que el INPEC haya dispuesto el traslado con fundamento en un supuesto riesgo de fuga que, según el abogado, fue descartado por los jueces que estudiaron la solicitud de medida de aseguramiento.
“El traslado no puede convertirse en una forma de persecución política”, señaló la defensa, que pidió aplicar a Quintero Calle los mismos criterios que rigen para cualquier ciudadano y respetar sus garantías procesales.
El abogado aclaró que la tutela no busca obtener beneficios especiales para su representado, sino que se revisen las condiciones de su reclusión y se protejan sus derechos fundamentales.
La acción constitucional se presenta después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín revocara, el pasado 30 de octubre, la detención domiciliaria de Quintero Calle y ordenara su traslado a un establecimiento carcelario.
El procesado enfrenta junto a Sebastián de Dios Ortega Urán cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación está relacionada con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por cerca de 18.656 millones de pesos.
