La Comisión Primera del Senado de la República aprobó este miércoles en primer debate, con 11 votos a favor, un proyecto de reforma constitucional que pone fecha de cierre a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según el texto, el tribunal dejaría de funcionar en marzo de 2028. La decisión no es definitiva, porque la iniciativa apenas empieza su trámite en el Congreso.
La propuesta busca terminar en esa fecha el periodo de vigencia que la Constitución fijó para las salas de reconocimiento. Esas salas son las que han formulado los macrocasos, y según los promotores de la reforma es allí donde se concentra el mayor atraso del tribunal.
El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional y autor del proyecto, defendió la iniciativa con cifras. “Hoy tenemos cerca de 37 subcasos y solo existen fallos parciales en 6 de ellos. Claramente es un diseño que ha fracasado”, afirmó el congresista.
Gómez sostuvo que el procedimiento que se dio a sí misma la JEP no le ha permitido cumplir su misión. A su juicio, los más afectados son los firmantes de base, es decir, los exguerrilleros rasos y los miembros de la fuerza pública sin mando, que siguen sin una definición de su situación jurídica frente al conflicto.
La propuesta de su sector, que será discutida con la rama judicial, plantea separar a los procesados en dos grupos. Uno reuniría a los máximos responsables y a los señalados por crímenes de lesa humanidad. El otro agruparía a quienes tienen muy baja o ninguna posibilidad de ser considerados autores o instigadores de esos delitos.
Para este segundo grupo, el más numeroso, el senador propone que la justicia ordinaria adelante un proceso expedito. En cuanto a los 346 imputados por delitos de lesa humanidad, la idea es que reciban un tratamiento en una instancia de mayor jerarquía judicial dentro del diseño que se construya a futuro.
La JEP nació del Acuerdo Final de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Es el componente de justicia del sistema integral creado para juzgar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado, tanto por exguerrilleros como por miembros de la fuerza pública y terceros que se sometan voluntariamente.
El tribunal está incluido en la Constitución Política. Fue creado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que le dio rango constitucional a través de artículos transitorios, y luego fue reglamentado por la Ley Estatutaria 1957 de 2019. Empezó a funcionar el 15 de enero de 2018 y abrió la atención al público el 15 de marzo de ese año.
Como la JEP está en la Constitución, no puede eliminarse ni recortarse con una ley ordinaria. El cambio solo es posible mediante un acto legislativo, que es una reforma constitucional. Ese tipo de proyecto debe superar ocho debates, cuatro en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes, a lo largo de dos periodos legislativos ordinarios y consecutivos, y en la segunda vuelta necesita la mayoría absoluta de los miembros de cada corporación.
La norma vigente le fija a la JEP un plazo de 10 años, contados desde su entrada en funcionamiento, para que la Unidad de Investigación y Acusación presente sus acusaciones.
A ese término se suman otros cinco años para concluir la actividad judicial, y ese segundo plazo puede prorrogarse por ley a solicitud de los magistrados. En todo caso, el tribunal no puede funcionar más de 20 años.
Con ese cálculo, el primer plazo de diez años vence en marzo de 2028 y los 15 años se cumplirían en 2033. El proyecto de Gómez propone que ese primer vencimiento sea definitivo e improrrogable, y que los procesos sin terminar pasen a la justicia ordinaria, a través del sistema de Justicia y Paz.
Quienes impulsan el cierre argumentan que el tribunal avanza con lentitud, que ha producido pocas sentencias en casi nueve años y que su costo es alto frente a sus resultados.
A esa ofensiva se suma el recorte de 170.000 millones de pesos al presupuesto de la JEP para 2027, que propuso el mismo senador, que respaldó el presidente Abelardo De La Espriella y que ya fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso.
