Con el 4 de noviembre encima, fecha en que vence la prórroga de la ley de orden público, el gobierno de Abelardo De La Espriella ganó la primera prueba de su ley de sometimiento: las Comisiones Primeras del Congreso respaldaron la ponencia positiva y tumbaron la de archivo que presentó la oposición.
Los números le dan aire al Ejecutivo, en el Senado, 21 congresistas votaron a favor y apenas uno en contra; en la Cámara, el marcador quedó 21 a 10. Ahora los legisladores entran al estudio del articulado, que acumula cerca de 320 proposiciones, cuatro de ellas con el propósito de hundir el proyecto.
La propuesta descansa sobre la Ley 418 de 1997, cuya extensión de cuatro años, aprobada en 2022 por el gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2272, expira en dos semanas.
El ponente, senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, defendió que los jueces, y no la discreción de un funcionario, verificarán la voluntad de paz de quienes busquen someterse.
“Las órdenes de captura y extradición no se negocian”, afirmó. Advirtió además que cualquier aporte de verdad falso o inútil para desmontar estructuras criminales hará perder los beneficios.
El texto también endurece las sanciones por lavado de dinero y deja por fuera a quienes recluten menores de 14 años.
La bancada de izquierda reprochó la ausencia de concepto del Consejo de Política Criminal y de aval fiscal, y criticó que el proyecto abandone la salida negociada al conflicto.
El representante Jorge Palacio alertó sobre una posible revictimización si las víctimas pueden incidir en la libertad de los sometidos. Los opositores rechazaron, además, que el Fonsecon pueda contratar de forma directa y reservada, y que la prórroga alcance al menos 10 años.
El ministro del Interior, Iván Cancino, negó cualquier asomo de impunidad: “la persona tiene que entregar toda la lista de bienes y no obtendrá los beneficios al año, sino a los tres años”.
Su colega de Justicia, Rodrigo Lara Restrepo, descartó reconocer estatus político a estos grupos y anunció para la próxima semana una ley antiterrorista con un registro de organizaciones terroristas.
